Honduras: Una nueva Corte Suprema de Justicia con los viejos vicios

“Doña Justicia” en frente del edificio de la Corte Suprema de Honduras. Imagen via: laprensa.hn

La Corte Suprema de Honduras, controlada por el partido gobernante y elegidos con los mismos viejos defectos, decidirá sobre una serie de cuestiones de derechos humanos.

Honduras tiene una nueva Corte Suprema de Justicia, electa con la componendas políticas de antaño entre el bipartidismo conformado por el Partido Nacional y el Partido Liberal, con el apoyo de los partidos Democracia Cristiana; Unificación Democrática y diputados que no pudieron sostener la voluntad del pueblo hondureño porque les pesaba mucho en las espaldas.

Estos diputados y diputadas pertenecientes al Partido Libertad y Refundación, LIBRE, y al Partido Anticorrupción, PAC, decidieron cumplirle al status quo, el cual los venció en la mayoría de los casos con lo que se llama comúnmente en Honduras el “tilín tilín”, o sea por compra al mejor postor, según las denuncia presentada por el ex presidente de Honduras y Coordinador de la bancada de LIBRE, Manuel Zelaya Rosales.

La Corte Suprema debió nombrarse desde el 25 de enero de este año, pero las cosas no fueron fáciles para los partidos tradicionales acostumbrados a repartirse el Poder Judicial como un pastel. La Corte está integrada por 15 magistrados, y la repartición es de ocho a siete, tiene más el partido que esté gobernando y de esa forma la justicia queda aprisionada.

El Partido Nacional actualmente en el poder y conducido por el presidente Juan Orlando Hernández, pretendió imponer desde el principio a personajes para las magistraturas con el objetivo de tener el control absoluto de la nación: el Poder Judicial, el parlamento y el Ejecutivo.

Aunque el Partido Nacional logró su objetivo después de cuatro intentos, porque se practicó el voto directo. Los partidos PAC y LIBRE, nuevas fuerzas políticas que llegaron a desbalancear al bipartidismo y les obligaron a irse al voto por voto y cada magistrado debía tener la mayoría calificada. La imposición tuvo que pasar por cuatro intentos.

Desde el año pasado se viene denunciando por algunos diputados de que el Partido Nacional tenía 100 millones de lempiras disponibles para comprar los votos que hicieran falta, al momento de elegir la Suprema Corte, quedó evidenciada la utilización del dinero público para sacar ventaja de una situación para controlar el país.

Esta situación dejó al descubierto la forma descarada con que se utilizó todos los métodos al alcance para lograr el objetivo: la imposición de una Corte al servicio del poder y no del pueblo y del Estado de Derecho.

Para tratar de ablandar la conciencia nacional una de las estrategias fue un viejo método que se utiliza desde el golpe de Estado: a las iglesias que con la manipulación de la fe sacaron a relucir su afinidad con el gobernante de turno; también se sacó a los activistas del Partido Nacional a las calles, a gente pobre que aprovechándose de su miseria se les paga de los dineros públicos unos cincuenta lempiras, lo que equivale a un poco más de dos dólares, por ir a gritar dependiendo de lo que quiera el actual presidente.

Y no podría faltar la intromisión de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, la que a través de sus embajadores en el país camina como en su patio trasero.

Otra de las cosas que ha quedado bien clara es que aunque se presentaron las denuncias ante el Ministerio Público sobre la compra de votos de diputados, esta institución no ha movido un dedo para deducir responsabilidades, lo que también evidencia el control desde el presidente de la República de los operadores de justicia.

Las ansias de reelección del presidente lo ha llevado a esto, a controlar todos los poderes del Estado y a los operadores de justicia. Los próximos meses serán cruciales para el pueblo de Honduras que ya no se deja convencer de las campañas mediáticas de los voceros gubernamentales; las iglesias y los medios corporativos que danzan alrededor de la línea oficial para tener jugosos contratos publicitarios u otras prebendas.

Para la nueva Corte electa con esos viejos vicios le tocan temas cruciales por resolver: un Recurso de Inconstitucionalidad para que se deje sin efecto la reelección presidencial ; un Recurso de Casación a favor de la defensora de derechos de las mujeres, Gladys Lanza, condenada a un año y seis meses de prisión por acompañado el caso de una víctima de acoso sexual que denunció al esposo de una diputada liberal, en este caso, a través de una querella por difamación y calumnia, y el tráfico de influencias se logró la condena contra Lanza.

También casos de corrupción como el del desvío de unos siete mil millones de lempiras del seguro social para la campaña del actual presidente de la República, entre otros.

Y es que el poder quiere controlar para sostenerse, pero hay una fuerza más grande que eso, que sobrepasa las balas, la cárcel, la persecución, las amenazas, supera todo, es el poder del pueblo cuando se lanza a recuperar lo que le pertenece.

Solo de esa forma se evitará que los políticos de turno llegan a los cargos públicos solo a apoderarse de los bienes nacionales sin que sufran consecuencias. El día que el pueblo se decida, se acabará el latrocinio y la impunidad. La justicia recobrará la lucidez de obrar con imparcialidad, ese día, estoy segura, que llegará más temprano que tarde!