Negros nubarrones amenazarían aún más la libertad de expresión en Honduras
by Dina Meza / January 29, 2016 / No comments
Protesters during Honduras’s 2009 coup. Image via: Wikimedia Commons.
Aprovechando las reformas al Código Penal que se preparan en este momento, el gobierno de la República estaría aprovechando la coyuntura para llevar agua a su molino e incluir artículos que lacerarían gravemente la libertad de expresión en Honduras, entre ellos el ejercicio de la protesta social como forma de expresión.
- Honduras has one of the world’s highest murder rates. It is also one of the most dangerous countries to practice journalism, ranking 129th out of 180 in the 2014 World Press Freedom Index. Journalists are regularly threatened, attacked, and killed for their work. The Honduran government fails to punish those who use violence against reporters, essentially granting them impunity. This space will be dedicated to examining the lack of protection for Honduran journalists exercising their profession. Topics will include the use of state-sponsored advertising as a mechanism to reward or punish publications, and censorship and self-censorship as hindrances to democratic progress.
- Born in Cofradía, Honduras, Dina Meza has been recognized by PEN International, Amnesty International, Index on Censorship and Reporters without Borders for her work as a journalist and human rights advocate. Currently, Dina is the driving force behind the creation of Honduras PEN Centre. In 2013, she wrote “Reign of Terror,” an in-depth report on threats to Honduran journalists for Index on Censorship’s magazine. In 2014, she was named one of Reporters Without Borders’ “100 Heroes and Heroines of Information.”
Estas reformas se están discutiendo a escondidas del pueblo hondureño y conllevan el propósito de someter a la disidencia política, a los periodistas, comunicadores sociales, mujeres, defensores de derechos humanos y otros sectores sociales que se oponen a lo que denominan una dictadura al referirse al actual gobernante Juan Orlando Hernández.
Desde el golpe de Estado ocurrido en Honduras en junio de 2009, las presiones sobre la libertad de expresión e información en Honduras se han visto diezmadas y esto ha hecho que la comunidad internacional fije sus ojos en el país considerado por Reporteros sin Fronteras como uno de los más mortíferos para los periodistas.
De acuerdo a informaciones reveladas extraoficialmente por una fuente que ha llegado a las reuniones donde se discuten las reformas al Código Penal y que pidió no se mencionara su nombre por temor a represalias, se estaría utilizando la figura del terrorismo para detener las protestas ciudadanas, muchísimas personas irían a la cárcel.
Honduras aprobó en el año 2010 la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo y señala que serán sancionadas las personas que cometan actos terroristas, esto estaría vinculándose con las acciones a las que estarían calificando como terrorista en esta reformas las que irían desde una manifestación pacífica; el gritarle al presidente de la República condenando su conducta abusiva contra el pueblo, hasta las acciones culturales simbólicas.
En el golpe de Estado decenas de personas fueron acusadas de manifestaciones ilícitas y terrorismo, era la gente que se manifestaba contra el golpe de Estado y salía a las calles a protestas, la policía y el ejército hacían todos los días redadas de personas que de forma pacífica iba en manifestaciones pidiendo retornar al orden constitucional.
El Ministerio Público hacía las diligencias rápidamente, el usar una camisa de color rojo y negro, con frases contra el golpe, el uso de una gorra identificándose con la resistencia, eso era suficiente para condenar a alguien, los jueces también estaban muy diligentes, no así cuando los agentes del Estado eran denunciados por violaciones a los derechos humanos, a estos los dejaban en libertad a pesar de existir la evidencia de personas torturadas salvajemente.
El actual presidente de la República parece insaciable para aprobar leyes en detrimento de los derechos humanos, aunque es el Congreso Nacional el que va decidir sobre si se aprueban o no las reformas, las pautas vienen desde casa presidencial.
Las aspiraciones de reelección del mandatario lo ponen nervioso al ver una ciudadanía que ya perdió el miedo y que seguramente saldrá a las calles si se lanza otra vez a la presidente después de su funesto período de cuatro años que concluye el 2017.
A lo largo de la historia hondureña el uso del sistema de justicia que está a la orden de los grupos de poder que han gobernado al país, es una de las herramientas para contener cualquier acción que amenace el status quo.
La gran amenaza se está cocinando silenciosamente, es importante que el pueblo de Honduras esté informado y tome acciones rápidas para neutralizar el autoritarismo que se cierne sobre la ciudadanía.
Si estas reformas pasan en el parlamento y no encuentran una oposición decidida, tendremos las cárceles llenas de disidentes, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, indígenas, negros y en fin cualquier persona no organizada que se manifieste verbal o a través de una manifestación pacífica.
La comunidad internacional debe también poner su parte para detener esta salvajada contra la libertad de expresión, pues se estaría echando por tierra todos los convenios internacionales de protección a la libertad de expresión, y es más los fondos que financian estas reformas y que son de la cooperación internacional servirían para fomentar el autoritarismo sin no se condicionan al respeto de los derechos humanos.
Las mujeres que se dieron cuenta que en las reformas se les estaba diezmando sus derechos conquistados obligaron a que se les incluyera en la discusión de las reformas, han parado algunas cosas, pero todavía falta mucho por andar, en especial si se está ante el maquiavelismo del poder avasallador que no le importa a quien pisotee porque el objetivo es llegar hasta el fin, hasta la arbitrariedad.
