El Autoritarismo al Acecho de la Sociedad Hondureña
by Dina Meza / November 27, 2015 / No comments
Persecuted Honduran journalist Julio Ernesto Alvarado. Image via Youtube user: HONDURED 13.
El 29 de octubre de 2015 una funcionaria de un juzgado de ejecución llegó a eso de las siete de la noche, hasta el canal donde el periodista Julio Ernesto Alvarado terminó de transmitir el programa “Noticiero Mi Nación”. Su objetivo era notificarle la suspensión en el ejercicio del periodismo, colocó los escritos en la puertas del medio de comunicación y se marchó, pero desde el 30 de octubre el comunicador social no ha vuelto a transmitir en la televisora GloboTV donde se difunde el noticiero.
- Honduras has one of the world’s highest murder rates. It is also one of the most dangerous countries to practice journalism, ranking 129th out of 180 in the 2014 World Press Freedom Index. Journalists are regularly threatened, attacked, and killed for their work. The Honduran government fails to punish those who use violence against reporters, essentially granting them impunity. This space will be dedicated to examining the lack of protection for Honduran journalists exercising their profession. Topics will include the use of state-sponsored advertising as a mechanism to reward or punish publications, and censorship and self-censorship as hindrances to democratic progress.
- Born in Cofradía, Honduras, Dina Meza has been recognized by PEN International, Amnesty International, Index on Censorship and Reporters without Borders for her work as a journalist and human rights advocate. Currently, Dina is the driving force behind the creation of Honduras PEN Centre. In 2013, she wrote “Reign of Terror,” an in-depth report on threats to Honduran journalists for Index on Censorship’s magazine. In 2014, she was named one of Reporters Without Borders’ “100 Heroes and Heroines of Information.”
Julio Ernesto Alvarado fue condenado a un año y cuatro meses de prisión más la suspensión de su ejercicio periodístico en diciembre de 2013, como consecuencia de una querella por difamación y calumnias interpuestas una decana de Economía, a quien otros compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, señalaron en el programa Noticiero Mi Nación como responsable de otorgar títulos a estudiantes saltando los procedimientos establecidos.
Aunque el inicio de la querella fue en el año 2006, nueve años atrás, la decana no aceptó la decisión de un juzgado que desestimaba esta acción por carecer de fundamento, su apoderado legal interpuso un recurso de casación el cual avanzó silenciosamente, y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió su veredicto plagado de vicios de nulidad: un año y cuatro meses de prisión, suspensión a Julio Ernesto Alvarado del ejercicio periodístico, cárcel por ese mismo tiempo y el despojo de otros derechos civiles y políticos.
Ha sido un largo batallar en este caso en el cual me ha tocado la búsqueda de justicia a favor del comunicador desde principios de 2014, cuando me di cuenta de la arbitrariedad y que tendría un impacto en cascada contra todas las personas que ejercemos el periodismo y comunicación en el país.
La sentencia contra el periodista Alvarado agotaba todos los recursos internos ante la ley que se podían usar para tratar de que se aplicara la justicia. La otra etapa era ir a la justicia internacional a falta de alcanzarla en el país. Esta sentencia no solo era para callar al afectado sino sentar un precedente para otras personas, entre ellas a defensores y defensoras de derechos humanos como Gladys Lanza, quien defiende junto a su organización Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, los derechos de las mujeres en Honduras.
A ella también la condenaron a cárcel y suspensión de sus derechos fundamentales, entre ellos que siga ejerciendo su cargo como coordinadora nacional en su organización. Este juicio inició en el 2010 por un funcionario de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, FUNDEVI, a quien una de sus empleadas lo denuncio de acoso sexual-laboral, ante la organización de Gladys Lanza que en acompañamiento a ella por no encontrar justicia, realizó una protesta frente a las oficinas del denunciado.
El Tribunal de Sentencia dijo encontrarla culpable por el hecho de acompañar a una mujer víctima de violencia. Aunque la pena puede conmutarse, o sea pagar una cantidad por no ir a la cárcel, pero ella ha dicho que no lo hará porque estaría reconociendo que cometió el delito. Actualmente el caso está en Casación en la Corte Suprema de Justicia, de la decisión depende la libertad para seguir defendiendo derechos de mujeres o la cárcel donde se pretende callarla.
Ambos casos son emblemáticos en Honduras, casualmente los dos llevan un mensaje indirecto para sectores: periodistas y comunicadores sociales y para quienes defienden los derechos humanos en Honduras, en especial los de las mujeres, estos últimos atacados a todos niveles y donde los grupos fundamentalistas religiosos en el país son los principales protagonistas.
Julio Ernesto Alvarado ya lleva varios días fuera de su profesión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha considerado emblemático su caso y le otorgó una medida cautelar desde el 05 de noviembre de 2014 para que el Estado de Honduras suspendiera la ejecución de la sentencia mientras la organización internacional analiza una denuncia presentada a su favor, esa decisión ha sido desconocida por el Estado de Honduras y continúa en la ejecución de la sentencia. Para Diario El Heraldo “es uno de esos casos absurdos que, además de dañar más la deteriorada imagen del países”.
En el caso de Gladys Lanza, aunque no está en la cárcel, pende sobre su cuello la guillotina judicial tan común en Honduras, la cual se aplica contra la disidencia política; los defensores y defensoras de derechos humanos y contra los periodistas y comunicadores sociales, en un país que vive los tiempos de la selva porque a sus autoridades, iniciando por el presidente de la República, no les importa violentar los compromisos firmados internacionalmente.
El Autoritarismo copó mi nación, es urgente el rescate de la institucionalidad que aunque va a llevar muchos años , pero la sociedad nacional está acostumbrada a estos embates desde el poder. Para hacerlo debe tomar mucha fuerza, de lo contrario, dentro de pocos años las mujeres serán obligadas a utilizar la burka o serán llevadas a plazas públicas para ser castigadas a latigazos, igual sería para toda la sociedad. Sin duda el autoritarismo está al acecho y hay que enfrentarlo.
