El cierre de las fuentes y el acceso a la información en Honduras

Locked gates bar Honduran journalists from accessing the National Congress and other government buildings. Photo via Flickr user: Kurtis Garbutt.

El inciso cinco de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señala que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Sin embargo en Honduras es una utopía, es parte de las estrategias estatales para negar información a los periodistas que no escriben a favor del gobierno de turno.

Me encontré a finales del año pasado en un portón que contenía un enorme candado en la puerta de acceso al Congreso Nacional, allí estaban tres periodistas que no podían entrar porque les negaron el paso. Les pregunté por qué no entran? y me respondieron “es que no somos del agrado del actual presidente del Congreso Nacional y lo que hacemos es que nos colocamos acá cerquita para ver si pescamos alguna información.”

Pero eso no solamente ocurre allí en el Parlamento, la situación se repite en otras fuentes informativas como en la casa de gobierno, el Ministerio Público y otros entes, donde los funcionarios se creen con el derecho de reservarse la información a pesar que tienen la obligación de ponerla a la vista.

Con la llegada del actual presidente de la república Juan Orlando Hernández, muchas fuentes están cerradas a los periodistas críticos, igual sucede en las afueras de la ciudad en los gobiernos locales donde hay alcaldes que no toleran ni una tan sola voz que exprese una opinión contraria a la que quieren escuchar.

El año pasado el periodista Ernesto Gálvez tuvo que enfrentar una querella de una alcaldesa del municipio de La Paz, el comunicador escribió en su muro de facebook que un puente era muy costoso, la mujer a la que ni siquiera mencionó el periodista se molestó de tal manera que abrió un juicio a través de una querella por difamación contra Gálvez, utilizando los recursos locales llevó al abogado de la municipalidad para que la representara.

Los y las periodistas que critican la forma cómo las autoridades llevan a cabo su gestión, sencillamente que se atengan a las consecuencias. La alcaldesa que mencioné arriba se da a la tarea de perseguir al periodista Gálvez y cada vez que lo ve entrevistando a alguien llega para decirles a las personas que no le den opiniones.

De lo que se trata es de forzar una buena imagen gubernamental , todo el mundo debe hablar en sintonía con el discurso desde el poder, pretendiendo homogenizar la información de tal manera que cuando se mueve una voz en distinta dirección vienen las consecuencias.

Cesar Silva es un periodista muy crítico, tiene un programa de televisión que se llama Vanguardia, las amenazas que pesan contra él de forma diaria son de distintas formas hasta se suman las multas de policías cuando encuentran que se estaciona en su vehículo y aunque no lo hace en forma ilegal, debe pagar multas constantes hasta 100 veces más que un ciudadano común y corriente.

A César se le está vedado entrar al Congreso Nacional y al Ejecutivo, no tiene acceso a esas fuentes, pero ante quién denuncio se preguntó, nadie responde. La censura se extiende también a medios de comunicación. El estigma es tal que hasta otros periodistas se cuidan de que no les vean platicar con los estigmatizados.

Pen Internacional en su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en septiembre de 2014 señaló que “Los últimos cuatro años se ha producido una disminución de la transparencia pública y una regresión hacia una cultura del secreto, con acceso a las fuentes oficiales cada vez más restringido….”, el informe es un aporte para el Examen Periódico Universal, EPU, de Honduras, el cual se llevará a cabo en mayo próximo.

Lo preocupante es que esta situación se ve tan normal que los periodistas la asumen y se resignan a soportar cuatro años de cualquier gobierno que se le ocurra cerrarles las puertas para que puedan tener acceso a la información.

El problema es que no solamente los periodistas se quedan sin acceso a las fuentes sino que la otra gran perdedora es la sociedad en su conjunto que no tendrá oportunidad de tener dicha información que es vital para la toma de conciencia y de decisiones.

Creo que mientras no se sientan precedentes contra los funcionarios que niegan el acceso a las fuentes y por ende a la información, las cosas seguirán como están, es necesario actuar tanto desde los periodistas como desde la sociedad.